A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie nuevamente sobre el llamado “impuesto a las hipotecas”, resolviendo y aclarando quién debe abonar el mismo, lo cierto es que cada vez son más las sentencias judiciales favorables al consumidor que declaran la nulidad de la cláusula relativa a los gastos del préstamo, condenando a las entidades bancarias a devolver al prestatario el importe pagado en la formalización de la escritura pública.

No debe olvidarse que el pasado 16 de octubre de 2018 el Tribunal Supremo dictó una Sentencia por la que declaraba que no eran los prestatarios los que debían abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de la escritura pública, contradiciendo lo que había argumentado en resoluciones anteriores. Finalmente, se suspendió la ejecución y la efectividad de la Sentencia, encontrándonos hoy a la espera de la solución que los Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deben dar para poner fin a la controversia y a la situación de incertidumbre jurídica generada.

De lo que no hay duda es que la cláusula de gastos de formalización recogida en la escritura de préstamo está siendo declarada, en la inmensa mayoría de los casos, nula, recuperando los clientes todos los importes que le ocasionaron las facturas de notaría, gestoría, registro de la propiedad o tasación, junto con los intereses legales devengados.

Los argumentos que esgrimen los juzgadores para dar la razón a los clientes son varios, resolviendo, en síntesis, que una simple lectura de la cláusula relativa a los gastos concluye que la misma tiene un carácter universal y general, entendiendo por ello la imputación de la totalidad de los gastos a una de las partes, y sin ninguna contraprestación ante tal imputación, provocando, por ello, un desequilibrio manifiesto entre prestamista y prestatario.

Al igual que la cláusula referente a los gastos, otras estipulaciones recogidas en la escritura de préstamo también pueden ser abusivas y nulas. Cláusulas como la comisión de apertura, el vencimiento anticipado o los intereses de demora deben ser objeto de estudio para analizar si las mismas pueden ser causa de litigio.

La documentación que se necesita para valorar la viabilidad de la reclamación es la siguiente: facturas abonadas cuando se formalizó el préstamo hipotecario, así como la escritura pública. Aconsejamos a todos los consumidores que todavía no lo han hecho que se pongan en contacto con Bufete Rosales y les asesoraremos con una cita gratuita.