1. ¿Que es y qué finalidad tiene?

La Ley de Segunda Oportunidad, entre otras cuestiones, aborda lo que ha dado en llamarse “el mecanismo de segunda oportunidad” que no es otra cosa que la posibilidad de la exoneración del pasivo insatisfecho o “el perdón de las deudas” a personas físicas, deudoras “de buena fe”.

La finalidad de esta ley es permitir que una persona física, consumidor, autónomo, a pesar de haber tenido un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida sin tener que arrastrar indefinidamente la carga de una deuda que nunca podrá pagar.

2. ¿A quién afecta o quien puede verse beneficiado por su aplicación?

Se podrán beneficiar de esta nueva ley porque ofrece vías de solución: los autónomos, particulares, personas físicas, consumidores en general y familias sobreendeudadas. En definitiva esta ley intenta hacer justicia equiparando a la persona física con la persona jurídica, en el sentido de no dejar sujeta de por vida a las personas físicas al pago de las deudas en base al principio de responsabilidad patrimonial universal que consagra el Código Civil y así, cuando un deudor de buena fe se ve abocado a una situación de insolvencia originada por factores ajenos a él, que se pueda beneficiar y empezar de cero.

Estas personas/deudores necesitan que el ordenamiento jurídico les ofrezca salidas razonables, que por una alteración sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los compromisos contraídos.

 3. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse al beneficio a la Ley de Segunda Oportunidad?

 Ser un deudor de buena fe, lo que significa cumplir varios requisitos:

• No haber sido declarado culpable en el concurso de acreedores, es decir, que no haya originado o agravado su insolvencia por dolo o culpa grave.
• No haber sido condenado en sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública, Seguridad Social; y el Derecho y Libertad de los trabajadores en los diez años anteriores.
• Haber conseguido o intentado un acuerdo extrajudicial de pago con sus acreedores, aceptar someterse al plan de pagos propuestos. Y no haber obtenido en los diez años inmediatamente anteriores este mismo beneficio.
• No haber rechazado en los cuatro años inmediatamente anteriores una oferta de empleo adecuada a su capacidad, y por último, aceptar inscribir el beneficio en un Registro Público Concursal.

 4. ¿Qué hay que hacer para acogerse a esta Ley?

Es imprescindible la participación de abogado y procurador. Se debe presentar la solicitud de dicho beneficio ante el juez que haya conocido el previo concurso de acreedores. Y previamente a todo ello haber intentado, al menos, un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores.

La solicitud del beneficio debe ir acompañado, según los casos, de una propuesta de Plan de Pagos, cuya duración es cinco años y al que el deudor se debe someter.

5. ¿Quedará libre de deudas?

Si, siempre y cuando la concesión de dicho beneficio lo sea con carácter definitivo y siempre y cuando no tenga el deudor recursos para poder pagar sus deudas.

Si te encuentras en una situación parecida, en Bufete Rosales podemos ayudarte. Te facilitamos una cita donde te atenderán abogados especialistas que realizarán un diagnóstico de viabilidad, un tratamiento y un presupuesto sin compromiso. Este presupuesto es económico, flexible, acorde a las posibilidades y circunstancias de cada persona. Para acudir a la cita y poder estudiar su caso, será necesario traer una relación de las deudas y de los activos que disponga.