Tras las denuncias interpuestas tanto por UPyD como por Plataforma per Catalunya en relación con la celebración de la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre, la justicia tiene que actuar sobre los organizadores debido a que es un acto sin garantías legales y contrario a la Constitución Española.

A pesar de que la justicia española no ha interferido en el desarrollo de la consulta, se tomarán medidas para investigar si las autoridades y funcionarios públicos participantes en la orquestación del proceso han cometido algún delito. En las investigaciones judiciales se va a intentar aclarar si los responsables del Gobierno catalán, personificados en la figura de Artur Mas, han cometido delitos de desobediencia, prevaricación e incluso malversación de fondos públicos. No se descarta incluir no sólo a las autoridades organizadoras sino también podría extenderse a los funcionarios participantes en el proceso.

Entre las denuncias que se interpusieron durante la jornada de ayer, destaca la de Plataforma per Catalunya en la que se pedía la medida extrema de la detención de Artur Mas y dos de sus consejeros. El juez de guardia Gonzalo de Dios tomó la decisión de rechazar la denuncia al no existir razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen la toma de medidas solicitadas en dicha denuncia.

En total, se han recibido más de 15 denuncias en varios puntos de Cataluña contra la celebración de la consulta sobre la independencia catalana. Todas ellas están siguiendo los cauces habituales según los cuales se han abierto las diligencias oportunas, pero se va a investigar la situación de forma pausada y concienzuda.