Reclamación de la plusvalía municipal

La sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de  de 16 Febrero de 2017 si ciertamente declara inconstitucionales y nulos los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la norma foral 16/89 de 5 de Julio, del Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio de Guipúzcoa, únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, tiene su incidencia práctica en la legislación que afecta al territorio común, esto es a lo que se refieren los artículos 107 y 110.4 del RDL 2/2014, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se refieren al arbitrio municipal de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (conocido como de plusvalía).

Así las cosas como expresa tal resolución “al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución Española”, y como consecuencia de ello teniendo un efecto confiscatorio que legalmente viene prohibido.

Dicho lo anterior como preámbulo, se ha de definir el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como un tributo directo que grava el incremento del valor de un inmueble con el paso del tiempo, ya sea piso, chalet, local o terreno que no tengan la consideración de “rústico” a efectos del IBI (Art. 104 LHL). Tratándose de una operación de compraventa, herencia, donación, dación en pago, ejecución hipotecaria, etc.

En primer lugar, se ha de considerar en cuanto a los plazos de prescripción para la interposición de la correspondiente reclamación para la devolución como ingreso indebido de todas aquellas cantidades que hayan abonado los obligados tributarios (sujetos pasivos) en los supuestos en los que el valor de sus bienes inmuebles objeto de gravamen fue menor a la fecha de la transmisión que aquel otro considerado a la fecha de la adquisición, los siguientes preceptos legales:

Ley General Tributaria

Art. 66. Plazos de prescripción. Le derecho a solicitar las devoluciones derivadas de los ingresos indebidos prescribirán a los 4 años.

A tenor del Art. 67 de la misma Ley, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el día siguiente del pago de la misma (dies a quo)

El objeto de reclamación será el del principal importe indebidamente abonado más el interés de demora que prevé el artículo 26 de la LGT, consistente en la aplicación del interés legal de dinero vigente a lo largo de periodo desde que se pagó el impuesto indebido más un 25%.

En cuanto al trámite, se ha de seguir en primer lugar una reclamación administrativa para la devolución del ingreso indebido, y esperar a que exista una resolución favorable. En el supuesto que ello no acaezca se habrá de seguir el correspondiente recurso Contencioso Administrativo ante los tribunales una vez agotada la vía administrativa.

Art. 32. Devolución de ingresos indebidos.

La administración tributaria devolverá a los obligados tributarios los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias conforme a lo establecido en el Art. 221 de esta Ley. Se iniciará por el interesado y el procedimiento habrá de sustanciarse con resolución en el plazo de 6 meses, si no recayera resolución expresa en ese plazo, se interpreta el silencio como resolución negativa, comenzando a correr el correspondiente plazo (de 6 meses para la interposición del recurso contencioso administrativo)

La documentación que deberán aportar los clientes es la siguiente:

  • La escritura pública o el documento oficial en el que conste el acto jurídico que ha dado lugar al devengo del impuesto.
  • La referencia catastral del bien y el valor catastral del mismo tanto al momento de adquisición como al momento del devengo del impuesto por la transmisión gravada (cédula catastral).
  • El justificante de pago en el que conste la cantidad abonada por el arbitrio de plusvalía.

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