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Los consumidores pueden seguir demandando a las entidades financieras la devolución del importe de notaría, registro de la propiedad, gestoría y tasación.

¡BUENAS NOTICIAS!

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA QUE LA RECLAMACIÓN DE LOS GASTOS HIPOTECARIOS ES PRÁCTICAMENTE IMPRESCRIPTIBLE PUESTO QUE EQUIPARA EL DÍA INICIAL DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN CON EL DE LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA QUE DECLARE LA NULIDAD DE DICHA CLÁUSULA.

POR LO TANTO, LOS CONSUMIDORES AFECTADOS PUEDEN SEGUIR DEMANDANDO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LOS MISMOS (NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, GESTORÍA Y TASACIÓN).

En sentencia dictada el 14 de junio de 2024, el Tribunal Supremo, adhiriéndose al criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establece que el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula de gastos, salvo que el banco pudiera demostrar (prueba imposible) que el consumidor tuvo conocimiento de la abusividad de la cláusula en un momento anterior.

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La Sentencia Del Tribunal Supremo Sobre el IRPH

Estamos deseando conocer el texto de dicha sentencia ya que la nota de prensa hecha pública por el TS deja mucho que desear a nivel de información jurídica.
¿Cómo es posible que una cláusula que no es transparente no sea también abusiva?
A ver, si una cláusula no es transparente, porque no es clara, no se explicó previamente a la firma las consecuencias jurídicas y económicas de la misma para el prestatario, o no se le exhibió la evolución de ese índice en los dos años inmediatamente anteriores, producirá indefectiblemente, sí o sí, un desequilibrio en los derechos del prestatario, y más si se impuso unilateralmente por el Banco o entidad financiera. De eso no hay duda.
Pues que nos expliquen ahora los señores magistrados del Tribunal Supremo cómo ese desequilibrio no es abusivo y, por tanto, nulo de pleno derecho.
No lo entendemos.
Creemos, en definitiva, que el Tribunal Supremo se ha metido en un buen lío. Y con él las más de un millón de familias afectadas en España.
¡Vaticino miles de demandas!

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