Situación jurídica  inédita e inaudita  la provocada por los magistrados de varias Audiencias Provinciales españolas, Madrid y Barcelona entre otras, que han contravenido  los criterios del TJUE en relación al controvertido IRPH. Resulta increíble , por sonrojante e indignante  que una vez más la Justicia española tenga que acudir  en salvamento y rescate de la banca. Con ello ya son tres ( no hay más, al menos oficiales) los poderes en España que están vergonzosamente al servicio y al dictado de la banca: legislativo, ejecutivo y, ahora y nuevamente, el judicial. Lo que les sitúa indefectíblemente en contra de la transparencia y de los consumidores. Claro, que la factura perdonada a la banca lo merece ya que son más de 20.000 millones de euros lo que se ahorrará la banca al no tener que devolver a sus clientes esos dineros esquilmados  por sus antiguas malas practicas con el IRPH.

Es una autentica vergüenza pública lo que están haciendo ahora estos magistrados, que no es otra cosa que conculcar presuntamente  la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 4 bis les obliga a “aplicar el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la Jurisprudencia del TJUE”, cosa que no han hecho. Y les puede costar caro, profesional y reputacionalmente hablando, porque la última  palabra la tiene otra vez el TJUE quien no antes de dos años tendrá que poner el punto y final al asunto.

Nosotros somos optimistas ya que esperamos que los jueces y magistrados europeos tengan el rigor, la profesionalidad y el acierto que los magistrados españoles no han tenido. Mientras tanto, los consumidores y las familias tendrán que esperar. Hay más de un millón de hipotecas con este maldito IRPH en España y son 20.000 euros lo pagado de más de media por cada prestatario en cada hipoteca.